AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 5 DE FEBRERO DEL 2019

Excmo. Presidente del Gobierno:     Me dirijo a Vd, como máxima autoridad del Estado, por tercera vez en estos últimos días, y de una forma reiterativa con el asunto de la Cia Trasmediterránea, porque estoy llegando a la conclusión de que estamos viendo tan sólo “la punta del Iceberg” y que el escándalo que encierra es cada vez mayor.     Según sentencias, en los asuntos T-366/13 Francia / Comisión y T-454/13 SNCM / Comisión del Tribunal General de la Unión Europea, confirma la obligación de Francia de recuperar la ayuda de 220 millones de euros concedida a SNCM por la prestación de determinados servicios de transporte marítimo entre Marsella y Córcega.     En su Decisión, la Comisión estimó, contrariamente a la SNCM y a Francia, que el primero de estos criterios no se cumplía en el caso del servicio adicional y que el segundo no se cumplía en ninguno de los dos tipos de servicio en cuestión. El Tribunal General confirma el análisis de la Comisión.  Por lo que respecta al primer criterio, el Tribunal General considera que para que una empresa de cabotaje marítimo, actividad que es objeto de un reglamento de la Unión, pueda encargarse de la gestión de un servicio de interés económico general (SIEG) y, en consecuencia, asumir obligaciones de servicio público, es necesario, por una parte, que el servicio en cuestión responda a una necesidad real de servicio público, acreditada por la insuficiencia de los servicios regulares de transporte en una situación de competencia y, por otra parte, que el ámbito del servicio público sea necesario y proporcional a esa necesidad. Pues bien, en este asunto, las autoridades francesas no han demostrado que concurrieran tales circunstancias, mientras que la Comisión sí ha acreditado lo contrario.  En nuestro caso, el hecho en cuestión es muy similar, ya que en el momento que se privatiza la Cia Trasmediterránea es, sin duda alguna, porque se considera que existen servicios regulares suficientes como para atender estas rutas de Interés General; y es así, porque en caso contrario la privatización sólo hubiese respondido a intereses privados, ya que las Autoridades Comunitarias, bajo ningún concepto, hubiesen animado a deshacerse de una naviera que, en el caso concreto de España con territorios en ultramar y en posiciones tan delicadas como Ceuta y Melilla, hubiese sido fundamental para no dejar en un estado de orfandad a los habitantes de esas comunidades.  Es decir, que si se privatizó fue porque ya había otros operadores que estaban interesados en cubrir esas líneas y que hacía innecesario que el Estado tuviese una naviera para tal efecto. Pero si es así nos enfrentamos a otro despropósito, ya que si hay navieras suficientes para cubrir esos servicios el Estado únicamente tiene que actuar como árbitro para regular esos tráficos y no como mecenas para financiarlos. Y, de hecho, en esta sentencia el Tribunal General de la Unión Europea OBLIGA a recuperar esas ayudas. Y no me estoy refiriendo a las ayudas a los ciudadanos de esas comunidades para que no se sientan aislados en los pasajes porque esas “bonificaciones” deberían estar fiscalizadas, sino a las ayudas que van directamente a las navieras.  Con todo ello, y asumiendo que me van a responder a mi anterior carta en la que pedía se me dijese, como ciudadano, cuánto dinero del Erario Público y a través de todas las Administraciones del Estado, incluidas las autonómicas, se le había entregado a la Cia Trasmediterránea y al Grupo Armas en estos últimos años, debo concretar ahora que estaría interesado en saber el monto total de esas cantidades desde que se privatizó la Cia Trasmediterránea en el año 2002, porque podría ser que hubiese que recuperar esas cantidades, y sería así porque ya hay una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que lo indica y yo sé que el Gobierno Español es muy respetuoso con los Tribunales de la Unión Europea. Por otro lado, querría que se abriese una investigación sobre las bonificaciones de los pasajes, ya que ha habido reiteradas denuncias de que se podría haber irregularidades y picaresca para que las bonificaciones de retorno a las navieras fueran mayores vendiendo solo billetes de primera clase.  Pero es que en este caso se complica aún más, ya que no sólo esas cantidades que se han dado en estos últimos años no han servido para consolidar esas navieras, sino que han ido a una quiebra más que sospechosa con unas deudas y un vaciamiento patrimonial absolutamente escandalosos, y nos encontramos ahora que ya ni tan siquiera existe la Cia Trasmediterránea y que se está llevando a cabo un despido masivo de su personal.  No tengo ni que comentar que hay más que evidencias claras de irregularidades que podrían ser constitutivos de delito, y que todo esto aún ofrece un aspecto más siniestro cuando el Director General de la Marina Mercante abandonó su cargo justo cuando se estaba organizando esa venta de la Compañía Trasmediterránea a Naviera Armas con nocturnidad y alevosía, ya que dejó a la Dirección General sin quien la dirigiese y sin esperar tan siquiera a que se nombrase un sucesor, tal y como ha hecho ahora con el Puerto de Ceuta donde era Presidente de la Autoridad Portuaria y, como hizo con la Dirección General de la Marina Mercante, salió “escopeteado” de allí sin esperar a su sustituto. Todo muy raro.  Por todo ello, suplico que ordene a la Fiscalía del Estado que abra una investigación sobre estos hechos y proceda a pedir que se intervengan estas navieras y las cuentas de los miembros de los Consejos de Administración tanto del Grupo Armas como de Acciona, que fue la propietaria de la Cia Trasmediterránea hasta hace unos días, por si hubiese responsabilidades y para cubrir las cantidades que recibieron del Erario Público durante estos últimos quince años en espera que los Tribunales decidan. Así mismo, y como defensa de los ciudadanos, de estas rutas de Interés General, de preservar los puestos de trabajo, de garantizar todos los servicios con normalidad y de evitar una posible situación de quiebra que desembocaría en una situación caótica, que se proceda a nombrar un grupo gestor que actué como ·interventor judicial· que se haga cargo de estas navieras intervenidas de una forma CAUTELAR para evitar males mayores y su desaparición.  En espera de poder ser atendido, reciba un saludo muy cordial. Rafael Rosselló Cuervas-Mons  Capitán de la Marina Mercante (Se enviará copia de esta carta por correo administrativo. Se adelanta en E-Mail por la gravedad del asunto) ResponderReenviar