DENUNCIA A FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN Y A LA CNMC 9 ABRIL 2018

A LA FISCALIA ANTICORRUPCION
A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

D.RAFAEL ROSSELLO CUERVAS-MONS, mayor de edad, con DNI 13.204.362D y con domicilio en Calle Cuarzo 45 Urb. Riviera del Sol 29649 Mijas Málaga (Email rossellocm56@gmail.com y tlf +34 695857920) ante este Organismo compadece y como más procedente resulte en Derecho

DICE

Que el día 24 de marzo envié un mail a la Dirección General de la Marina Mercante con el siguiente texto: "Estimados Sres.:
Me gustaría tener información sobre la línea entre Huelva Canarias que actualmente esta cubriendo Naviera Armas, centrándome en si ha sido la Dirección General de la Marina Mercante quien ha autorizado esa línea regular.
Por otro lado, si es cierto que está subvencionada por el Gobierno Autonómico de Canarias y, si es así, en qué cuantía.
Así mismo si han cedido competencias de Marina Mercante a las Comunidades Autonómicas y, si es así, qué competencias han sido cedidas.
Sin más y en espera de sus noticias, reciban un saludo muy cordial.
Rafael Rosselló Cuervas-Mons
Capitán de la Marina Mercante"

Que en el día de hoy no he recibido contestación alguna y que pongo en conocimiento de Vds estos hechos por los siguientes motivos

RAZONAMIENTOS

La Dirección General de la Marina Mercante tiene las siguientes competencias según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante que dice:

A los efectos de esta Ley se considera Marina Mercante:
a) La actividad de transporte marítimo, exceptuando el que se lleva a cabo exclusivamente entre puertos o puntos de una misma Comunidad Autónoma, que tenga competencias en esta materia, sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.
b) La ordenación y el control de la flota civil española.
c) La seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar.
d) La seguridad marítima, incluyendo la habilitación para el ejercicio del servicio de practicaje y la determinación de los servicios necesarios de remolque portuario, así como la disponibilidad de ambos en caso de emergencia.
e) El salvamento marítimo, en los términos previstos en el artículo 264.
f) La prevención de la contaminación producida desde buques, plataformas fijas y otras instalaciones que se encuentren en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción y la protección del medio ambiente marino.
g) La inspección técnica y operativa de buques, tripulaciones y mercancías.
h) La ordenación del tráfico y las comunicaciones marítimas.
i) El control de situación, abanderamiento y registro de buques civiles, así como su despacho, sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones previas que correspondan a otras Autoridades.
j) La garantía del cumplimiento de las obligaciones en materia de defensa nacional y protección civil en la mar.
k) Cualquier otro servicio marítimo atribuido por la ley a la Administración regulada en el Capítulo III Título III de esta Ley.

La Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima (en lo sucesivo, LNM), deroga los arts. 261 y 262 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, relativos a las conferencias marítimas y consejos de usuarios, y a las obligaciones de información y consulta

Por todo ellos, lo primero que habría que saber es si tanto la Comunidad de Canarias como Baleares tienen competencias en esa materia.

Suponiendo que las tengan, cómo subvencionan líneas entre puertos de esa Comunidad Autonómica sin que medie concurso público; cuáles son los razonamientos para beneficiar a unas navieras determinadas sin caer en una situación tan sumamente anómala que pudiese incluso ser, como mínimo, susceptible de un posible delito de prevaricación o tráfico de influencias, al mismo tiempo que un medio de desestabilización en el normal ejercicio de una sana competencia.

Cómo es posible que la Comunidad Canaria esté subvencionando, si es que así lo hace, la línea Huelva Canarias que bajo ningún concepto es de su competencia y que "solapa" la Línea de Interés General entre Cádiz Canarias que, en concurso, ha sido adjudicada a la Compañía Trasmediterránea.

ANTECEDENTES

LINEAS CANARIAS PENÍNSULA

La Línea de Interés General entre Península Canarias siempre ha sido tradicionalmente de la Compañía Trasmediterránea que desde el Sur de la Península operaba desde los puertos de Cádiz y Sevilla.
Con ánimo de reforzar esta línea, debido a la caída del mercado de fletes y la subida de costos, se suprimió la ruta desde el puerto de Sevilla reforzando, de esta manera, las dos unidades que cubrían la línea desde el puerto de Cádiz.

Posteriormente se suprime una de las unidades y, al mismo tiempo, el Gobierno Canarias, sin competencia alguna, parece ser, adjudica la línea paralela de Huelva a Canarias a Naviera Armas.

Por si esto fuese poco, cuando se empieza a especular con la compra por parte de Naviera Armas de la Compañía Trasmediterránea, (denunciada por irregularidades ante la Fiscalía en escritos remitido por la Fiscalía General con fecha 25 de enero y con diligencia de investigación 27/2018, y directamente por mí con fechas 12 de febrero y 23 de febrero respectivamente) se autoriza  que coincidan las fechas de salida de ambos buques de la Compañía Trasmediterránea que cubre, como ya he dicho, una Línea de Interés General, y el de Naviera Armas en un claro proyecto de suprimir uno de los dos buques en el momento de la "fusión" y que podría ser incluso el de la Compañía Trasmediterránea para mayor escándalo.

LINEAS BALEARES PENINSULA

Desde la privatización de la Compañía Trasmediterránea al Grupo Acciona en el 2003 se han ido sucediendo una serie de hechos de difícil explicación y que serían inviables sin la connivencia de Marina Mercante.

Para empezar en el accionariado de la nueva Compañía Trasmediterránea privatizada y renombrada como Acciona Trasmediterránea figuraban los intereses de Don Abel Matutes que, al mismo tiempo, participaba en una nueva naviera que había aparecido hacía poco tiempo y que se la conoce como Balearia. Desde ese preciso instante, la naviera Balearia comenzó, ante la absoluta pasividad de la Marina Mercante, a interferir en las Líneas de Interés General entre Península Baleares en una guerra sin cuartel donde iban despojando a la Compañía Trasmediterránea de todos activos comerciales que se fueron trasbordando a Balearia. Tal es así, que hasta el personal comercial más cualificado cambió misteriosamente de compañía.

Quince años después, y se puede demostrar fácilmente, la Compañía Trasmediterránea es una sombra de lo que fue y Balearia se alza como la nueva naviera de referencia.

Evidentemente, al margen de lo que podría ser una clara "dejación de funciones" por parte de la Administración, bajo mi punto de vista, podría coincidir con un claro ejemplo de "administración desleal" por ambas partes: tanto de los gestores durante estos quince años de Trasmediterránea como los de Balearia por prestarse a estas prácticas que, y siempre bajo mi punto de vista, podrían ser constitutivas de delito.

CONCLUSION

El abandono de la coordinación y regularización de nuestra Marina Mercante es un hecho absolutamente escandaloso donde posiblemente haya injerencias sin atribuciones de las Comunidades Autónomas y, al mismo tiempo, unas concesiones de ayudas, obtenidas del dinero de todos los españoles, sin el menor control de transparencia.

Por otro lado, la más que sospechosa actuación de los gestores de estas navieras y la absoluta dejación de funciones de la Administración competente.

Por todo ello

PIDO

Que se investiguen todos estos hechos por si pudiesen ser constitutivos de delito